viernes, 18 de julio de 2008

Junta de Portavoces bienes parroquias aragonesas

18.7.2008.

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento autonómico acusa a PSOE, PAR e IU de "blindar" a Iglesias para que no informe sobre las intromisiones del Gobierno catalán en el proceso de devolución de las obras de arte propiedad de las parroquias aragonesas.


Miguel Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Aragón, calificó de “poco democrática” la actitud de los grupos parlamentarios de PSOE, PAR e IU que hoy, en la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico, rechazaron la celebración de un pleno extraordinario para que el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, informase a la Cámara regional sobre la posición de la coalición PSOE-PAR respecto a las intromisiones del Gobierno catalán en el proceso de devolución de los bienes de las parroquias aragonesas.


No es la primera ocasión en la que PSOE y PAR ‘blindan’ a Marcelino Iglesias para que no comparezca ante los diputados por este mismo asunto. Los populares ya comprobaron como en enero de 2006, ante una petición similar para que el presidente informara, los partidos que respaldan al Gobierno aragonés también hurtaron las explicaciones de Iglesias a la Cámara.

En este sentido Navarro manifestó que “ante un asunto de esta trascendencia, desde nuestro punto de vista, la obligación del presidente de la Comunidad Autónoma es informar y despejar las dudas; todo menos el silencio”. Además recordó que la solicitud de convocatoria de un pleno extraordinario está incluida en el reglamento de las Cortes “y rechazar su celebración supone –aseguró- un escaso respeto a lo que representa el Parlamento aragonés”.

Respecto a la declaración de competencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lérida para juzgar la propiedad de 83 de las 113 obras de arte sacro que el Obispado de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida, Miguel Navarro lo consideró como “una consecuencia lógica” de la “inacción y pasividad” del Gobierno aragonés en el conflicto porque “siempre se ha negado a utilizar la vía política o la presión social para facilitar la ejecución de las resoluciones vaticanas, justo al contrario de que lo que han venido haciendo con insistencia las autoridades catalanas, y lo cierto es que a día de hoy los bienes siguen estando en Cataluña y no en Aragón”.

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